AVANCES DEL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA EN MÉXICO

En 2024, académicos de reconocida trayectoria internacional como David J. Madden, David Harvey, Paula Freire y Miguel Robles-Durán visitaron México para exponer los alcances y posibilidades concretas que se abren cuando la vivienda es reconocida y garantizada como un derecho humano.

Para comprender la trascendencia de este reconocimiento, conviene rememorar el rumbo que siguió la política nacional de vivienda en décadas anteriores y por qué resultaba impostergable corregirlo. A partir del año 2000, los esfuerzos del gobierno federal se concentraron en la producción masiva de vivienda: fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios saturaron las oficinas del Infonavit, mientras las autoridades municipales autorizaban conjuntos habitacionales sin contar con los servicios básicos mínimos e indispensables.

Las viviendas de entre 30 y 35 metros cuadrados ofrecidas a los trabajadores en las periferias urbanas, lejos de los centros de trabajo, no resolvieron la necesidad habitacional; la agravaron. La vida cotidiana se complicó ante recorridos de más de una hora entre la vivienda, el trabajo, las escuelas, los hospitales y los centros de consumo y entretenimiento. La ausencia de servicios básicos y de tejido social derivó en el abandono masivo de estas unidades, que se convirtieron en colonias fantasma donde la inseguridad proliferó sin freno. El Estado, rector de la política de vivienda, volvió a dar la espalda a las familias.

Las consecuencias no recayeron únicamente sobre los habitantes. Las empresas constructoras que impulsaron este modelo de vivienda conocido coloquialmente como "huevito" también resintieron el golpe: quebraron ante la falta de pago de proyectos y la caída de la demanda solvente. La crisis de vivienda no fue, pues, exclusiva de las familias más vulnerables; también arrastró a las empresas que en un principio desarrollaron ese modelo masivo de unidades sin servicios y alejadas de los núcleos urbanos.

La vivienda obrera que emergió en los albores de la revolución industrial evolucionó hasta conformar lo que hoy denominamos vivienda social: unidades de acceso en apariencia asequible, sostenidas en buena medida por subsidios hipotecarios. Por encima de ese segmento se ubica la vivienda media, que ocupa una franja significativa del mercado, y en el extremo superior, la vivienda residencial. Ante el fracaso de la política habitacional de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, el mercado se volcó hacia los segmentos medio y residencial —más rentables— en detrimento de la oferta para el trabajador. La pregunta que quedó sin respuesta fue: ¿quién debe proveer vivienda a quienes más la necesitan?

La respuesta es el Estado. Por ello, a partir de 2024, la vivienda fue elevada a rango constitucional como derecho humano. La vivienda adecuada debe reunir siete características reconocidas internacionalmente, y solo el Estado está en condiciones de asumir la rectoría en su defensa, promoción y regulación, incluso en su construcción directa, a fin de garantizarla como un derecho y no como una mercancía sujeta a la especulación y la segregación social.

En ese marco, el gobierno federal impulsa actualmente la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas bajo un enfoque integral que busca beneficiar tanto a trabajadores formales afiliados al Infonavit y al Fovissste como a trabajadores del sector informal a través de la Conavi. El esquema contempla costos accesibles para familias con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, con atención prioritaria a mujeres, jóvenes y adultos mayores. David Harvey calificó esta apuesta como una señal esperanzadora: el regreso del Estado como constructor y rector del derecho humano a la vivienda.

El modelo anterior dejó ganadores y perdedores bien definidos. Ganó la corrupción de los municipios, sus cabildos y sus funcionarios públicos que otorgaron cambios de uso de suelo y autorizaron asentamientos en zonas inadecuadas, así como los esquemas de crédito impagables que caracterizaron al viejo régimen. Perdieron los trabajadores, cuya calidad de vida y productividad laboral se vieron directamente afectadas por la inaccesibilidad habitacional, y las propias empresas del sector. Pero también los centros de trabajo se ven afectados cuando las viviendas en lugar de proteger y generar bienestar a sus habitantes, los perjudican sin garantías humanas para vivir. Perdió también el Estado, al ceder su rectoría sobre un derecho fundamental a la lógica del mercado.

Hoy se retoma esa rectoría. Los municipios, por su parte, tienen un papel fundamental que desempeñar: cumplir estrictamente las normativas vigentes de planeación y urbanización, apoyándose en enfoques contemporáneos como el de la ciudad de los 15 minutos. Este modelo propone que ningún habitante deba superar ese límite de tiempo para acceder a las actividades cotidianas esenciales, trabajo, educación, salud, comercio y esparcimiento. En este contexto, la movilidad en bicicleta cobra especial relevancia como alternativa viable y eficiente dentro de la ciudad, contribuyendo además a mitigar los efectos del cambio climático.

Autor: Yair Yáñez Cruz, Maestro en economía financiera/ UNAM